Más allá de si está bien o mal, si es delito o no la divulgación de informes secretos realizada por WikiLeaks, algo que no se puede dejar de lado es como la libertad de expresión esta siendo vulnerada.
La libertad de expresión es un derecho fundamental, como es señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
WikiLeaks es un sitio sinfines de lucro, lanzado hace cuatro años, que publica informes anónimos y documentos filtrados “con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes”. El paquete comprende 251,288 documentos, cuyo periodo abarcan desde 1966 a febrero de 2010. Estos cables provienen de 274 distintas embajadas, consulados y misiones diplomáticas de Estados Unidos, es decir, toda la red de oficinas diplomáticas de la potencia mundial.
Esta organización ha sido acusada de ser terrorista e incluso algunos políticos llamaron a asesinar a su fundador Julian Assange. Pero las motivaciones de WikiLeaks fueron otras, como declaró el propio Assange cuando comenzó la tarea de divulgación de los documentos: “La publicación de los documentos revela las contradicciones entre la imagen pública de los Estados Unidos y qué se dice realmente tras puertas cerrada, y muestra que si los ciudadanos en una democracia quieren que su gobierno refleje sus deseos, entonces deberían tener la oportunidad de pedir que se les muestre qué pasa en realidad detrás del escenario”.
Assange y los editores de los medios que han tenido acceso a los documentos, los diarios The New York Times, Le Monde, de París, Francia, y El País, de Madrid, España, y la revista alemana Der Spiegel, se han apresurado a decir que ninguno de los informes publicados pone en peligro la vida ni la seguridad de persona alguna.
La posición de Estados Unidos frente a la publicación Wikileaks está generando serias preocupaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió a Washington cesar cualquier estrategia política que pudiera limitar la libertad de expresión en internet, luego de la filtración de cables diplomáticos por Wikileaks que compromete la relación de la Casa Blanca con varios países.
A ese llamado se sumó el de Reporteros Sin Fronteras (RFS), que aseguró “la información que Wikileaks ha puesto a disposición de la prensa y de los periodistas y, después, a disposición del público es una información de interés público y no viola la ley” porque concierne “al derecho de acceso a la información de todo ciudadano”, declaró a EFE el director de publicaciones de RSF, Gilles Lordet.
Aquí nace un debate entre lo que debe y no debe ser de conocimiento público; es allí donde cada individuo debe defender su derecho a saber y a expresarse y que este no sea determinado por los intereses de un país.
Angela Román
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